El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inició este viernes el juicio de una acción que busca equiparar la licencia de maternidad y la licencia de adopción para mujeres trabajadoras del sector privado, servidoras públicas civiles y militares, así como aquellas con contratos de duración determinada o indeterminada. Esta medida podría transformar significativamente los derechos laborales de las mujeres en el país.
“Esta acción es importante porque uniforma el otorgamiento de este derecho independientemente de si la relación laboral es pública o privada, y garantiza el mismo beneficio tanto para la gestante como para la adoptante”, afirmó Amanda Corcino, Secretaria de la Mujer Trabajadora de la CUT.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó esta acción en octubre de 2023, y ahora está siendo analizada en el pleno virtual del STF. El juicio se desarrollará el 9 de agosto, salvo que se solicite una revisión adicional o se decida llevar el caso a juicio presencial.
El objetivo principal de la medida es ampliar el período de licencia de maternidad y adopción previsto en la Consolidación de Leyes del Trabajo (CLT) para los servidores públicos, quienes actualmente se rigen por la Ley 8.112/1990 y la Ley Complementaria 75/1993. Estas normativas establecen condiciones diferentes para los empleados del sector público y privado.
“La familia debe tener derecho a elegir entre la pareja quién cuidará del niño y por qué período. Este compartir permite una mayor igualdad de las mujeres en el mundo del trabajo y también divide la responsabilidad del cuidado, que lamentablemente nuestra sociedad patriarcal y sexista insiste en imponer como un deber exclusivo de las mujeres”, destacó Corcino.
Según la CLT, las madres biológicas y adoptantes tienen derecho a 120 días de licencia, ampliable por otros 60 días en las empresas que participan del Programa Empresa Ciudadana. No obstante, las empleadas adoptivas en el Ministerio Público solo tienen derecho a 30 días. “Espero que el tribunal tenga en cuenta esta cuestión de la igualdad entre los sexos y la importancia de compartir la responsabilidad del cuidado, garantizando así el bienestar del niño”, añadió Amanda.
El relator de la acción en el STF, el ministro Alexandre de Moraes, votó en contra de la solicitud, argumentando que la equivalencia no puede establecerse mediante un acto judicial, en respeto a la separación de poderes. Sin embargo, la decisión final del Tribunal aún está pendiente y podría tener un impacto significativo en la legislación laboral brasileña.
