Las discusiones sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2025 han iniciado con una marcada falta de consenso. Mientras el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propone un incremento del 6,2%, expertos y representantes sindicales expresan posturas divergentes.
Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la cifra debe ser coherente con la inflación proyectada y la productividad. «Un aumento cercano al 6% evita que el salario pierda poder adquisitivo y no compromete la generación de empleo formal», señaló Mejía.
Por otro lado, los sindicatos abogan por un aumento significativo que estimule el consumo y dinamice la economía. «Seguimos insistiendo en un incremento de dos dígitos, aunque no hemos definido una cifra exacta», afirmó Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
En contraste, Camilo Guzmán, director del think tank LIBERTANK, cuestionó la efectividad del salario mínimo como política económica. «Aumentar el salario mínimo en un país como Colombia dificulta el acceso al empleo formal. Un enfoque más eficiente sería un salario mínimo diferenciado por regiones, ajustado a las realidades económicas locales», explicó Guzmán.
Los gremios empresariales, representados por la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP), han expresado preocupación por las consecuencias de un incremento alto. Según la organización, el aumento no debería superar el 7% para proteger las finanzas de las empresas. «Un incremento mayor podría generar efectos adversos en la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas», advirtieron voceros de ACRIP.
Las negociaciones formales se desarrollarán en diciembre. Mientras algunos piden prudencia económica, otros insisten en la necesidad de un aumento significativo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y reactivar la economía.
