La Corte Suprema de Justicia de Argentina revirtió una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una norma que establecía límites a la adquisición de tierras por personas y empresas extranjeras. El cambio había sido dispuesto por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023, un decreto de necesidad y urgencia que introdujo modificaciones en distintas áreas de la legislación. Tras la decisión judicial del 29 de septiembre, centrales sindicales y organizaciones sociales se movilizaron hacia Tribunales para rechazar el fallo y reclamar que el Congreso derogue el decreto.
La causa había sido impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). La Corte, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la sentencia que había frenado la derogación y rechazó la demanda por falta de legitimación para promover la acción. De este modo, el tribunal no resolvió directamente la constitucionalidad de la derogación, pero su decisión eliminó el freno judicial que impedía aplicar ese cambio normativo.
La propiedad de la tierra, en el centro del conflicto
Durante la movilización, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó el alcance de la decisión judicial. “Hay que evitar que transformen la Corte en una gran inmobiliaria. Estos quieren vender todo. No son magistrados, son martilleros”, afirmó. En el documento conjunto leído frente a Tribunales, las organizaciones sostuvieron que el fallo favorece la política de extranjerización de tierras impulsada por el Gobierno. “Esa decisión quitó la protección obtenida en esta causa y favoreció, en los hechos, la política de extranjerización”, señalaron.
El pronunciamiento, titulado “La Patria no se vende”, advirtió que las consecuencias de la medida pueden extenderse a la propiedad del territorio, los recursos naturales y las posibilidades de las próximas generaciones. Las organizaciones también cuestionaron el rechazo de la demanda presentada por los excombatientes de Malvinas y reclamaron una respuesta política frente a la decisión judicial.
La protesta continuará el 15 de octubre, cuando las organizaciones prevén movilizarse al Congreso para reclamar la derogación del DNU 70/2023. El titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, confirmó la convocatoria y sostuvo que el movimiento sindical mantendrá el reclamo en las calles. “La semana próxima nos movilizaremos al Congreso para reclamar que la cámara de Diputados declare nulo el decreto 70/23, por considerarlo inconstitucional y contrario a la soberanía nacional”, afirmó
