A raíz de la medida de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de limitar el acceso a la pensión de trabajo con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte IVM, la Asociación señaló que la ejecución de la propuesta provoca la privatización exponencial de la entidad.
Frente a este panorama, la organización presentó una ruta de lucha a corto y mediano plazo, teniendo en cuenta que lo cambios que pretende implementar la Junta Directiva de la Caja se verán reflejados a finales de 2023 y/o principios de 2024.
En primer lugar, se tiene prevista “una acción en la vía contencioso-administrativa para determinar ilegalidad de los acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS, considerando la aceptación abrupta a las actuales personas trabajadoras activas y cotizantes para IVM; paralizando la puesta en vigencia de tales acuerdos legales”, señala el comunicado del sindicato.
Por otro lado, teniendo en cuenta la Opinión Consultiva de la CIDH, los referentes de la organización de empleados estatales de Costa Rica determinaran las potenciales bases de un proceso obrero que surge por la violación de derechos adquiridos en los últimos años, y que pretenden ser modificados a través de las nuevas reglas para pensionarse.
Finalmente, la ANEP subrayó la posibilidad de abrir un camino jurídico-legal para determinar la responsabilidad en el desvío de fondos del IVM, ya que hasta el momento se contabilizan 49 billones de colones los que deberían estar en las arcas del fondo jubilatorio.
