Desde la Agencia de Información Laboral elaboraron un informe que da cuenta de las prioridades en materia laboral y sindical del nuevo Congreso, el cual será elegido en las elecciones del próximo 13 de marzo, y que debe comprometerse a desarrollar algunas iniciativas legislativas por mandato constitucional y dar cumplimento a recomendaciones y compromisos internacionales que el Estado asumió.
En primer lugar, la organización señala el cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional (Sentencia 614 de 2009 y 171 de 2012) para vincular de manera directa, tanto en el sector privado como en el público, a las y los trabajadores que desarrollan labores misionales y con vocación de permanencia.
También incluyó el rediseño del concepto de seguridad y de protección social, teniendo presente los lineamientos de OIT, el establecimiento de un régimen de salud público. Así como el sistema de pensiones y la creación de una Renta Básica de emergencia.
Como parte del informe, no pasa desapercibido la libertad sindical como un derecho que contempla los pactos colectivos; la negociación por rama multinivel; el derecho de huelga y el pago de cuotas por beneficio para el personal sindicalizado de las entidades públicas.
El acceso a la justicia, el estatuto del trabajo, concurso de méritos en el Estado son otros de los puntos trascendentales dentro del marco de derechos postergados por el Congreso. Sin embargo, en un nuevo modelo de desarrollo la exigencia pasa por hacer reajustes institucionales, legales y constitucionales para reorientar el modelo que rige actualmente.
