Con una reforma curricular y una transformación educativa radical, la Administración Nacional de Educación Pública avanza con una línea de trabajo a la que se oponen trascendentalmente las organizaciones sindicales y otros actores del ámbito educativo.
Desde el portal de noticias La Diaria señalaron que las acusaciones en contra de las instituciones durante el 2021 se centraron en persecución sindical, la eliminación de los consejos desconcentrados de Primaria, Secundaria y UTU, y la participación docente en la toma decisiones, como lo plantea la Ley de Urgente Consideración LUC.
Por su parte, la organización Eduy21 señaló al medio de comunicación que, es crucial que, los sindicatos y el gobierno construyan una agenda de trabajo conjunto, en la cual, se acuerden aspectos de procedimiento y agregó que sin inversión en educación no va a haber posibilidad de transformación.
En ese sentido, Hugo Barreto, profesor de la Universidad de la República sentenció que los mayores picos de conflicto suelen darse en los años en que hay negociación salarial o leyes de presupuesto, cuando están en juego distintos intereses y los actores apelan a las herramientas con las que cuentan para influir en las decisiones.
Particularmente, el testimonio del docente sumó la importancia de que las organizaciones sindicales uruguayas expresen sus opiniones acerca de temas de la coyuntura nacional e internacional, sin influir en la sustitución de los gobernantes.
