La transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima plantea un desafío que excede los objetivos ambientales: cómo evitar que los trabajadores asuman los costos de las transformaciones productivas y tecnológicas. Ese fue uno de los ejes del debate impulsado por la Confederación Internacional del Trabajo (ILC) y el sindicato turco Memur-Sen durante la COP31, donde su secretario general, Hamza Öksüz, reclamó que las políticas climáticas incorporen garantías laborales y mecanismos efectivos de participación sindical.
Según el informe de CLATE, Öksüz sostuvo que no existe un modelo único para implementar una transición justa, debido a las diferencias entre países en materia de recursos energéticos, estructuras de empleo y capacidades institucionales. «La fuerza del movimiento sindical internacional no reside en proponer las mismas soluciones a todos los países, sino en defender los derechos comunes en diferentes circunstancias», afirmó. También advirtió que las transformaciones ecológica y digital están modificando las industrias y las condiciones laborales, con nuevas oportunidades, pero también riesgos para millones de trabajadores.
El diálogo social, más allá de las reuniones
Uno de los cuestionamientos centrales estuvo dirigido a la eficacia de los espacios de negociación entre gobiernos, empleadores y sindicatos. Para el titular de la ILC, la participación de los trabajadores debe tener incidencia real en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas climáticas. «Debemos medir el éxito del diálogo social no por el número de reuniones celebradas, sino por las mejoras tangibles que aporta a la vida de los trabajadores», señaló.

Entre las prioridades planteadas para la etapa posterior a la COP31, Öksüz incluyó una agenda sindical internacional sobre empleo, protección social y derechos laborales; programas de formación y reconversión profesional vinculados con oportunidades de trabajo decente; y mayor financiamiento y asistencia técnica para los países en desarrollo. También pidió fortalecer las capacidades de los sindicatos para evaluar el impacto de las políticas climáticas sobre el empleo y participar en las decisiones. En ese proceso, mencionó especialmente las necesidades de mujeres, jóvenes, migrantes y trabajadores de la economía informal.
El planteo de la ILC apunta a que los compromisos climáticos no queden limitados a declaraciones generales. «La COP31 debe dejar como legado no solo objetivos compartidos, sino también una capacidad de acción compartida», afirmó Öksüz, quien llamó a convertir las experiencias nacionales en iniciativas sindicales conjuntas y sostenidas.

