La transición energética enfrenta un desafío que va más allá de reducir emisiones: evitar que sus costos recaigan sobre los trabajadores y las comunidades. En sus reivindicaciones para la COP31, la Confederación Sindical Internacional (CSI) exigió que las políticas climáticas incluyan empleos de calidad, protección social, garantías de ingresos y participación sindical en las decisiones. «Los trabajadores y trabajadoras han sido testigos de demasiados anuncios vagos e iniciativas voluntarias», señala el pronunciamiento general.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los cierres de establecimientos con altas emisiones de carbono sin planificación ni diálogo social. La CSI advierte que las nuevas industrias pueden generar menos puestos de trabajo y ofrecer condiciones laborales inferiores. «Cuando no se reúnen estas condiciones, lo que tiene lugar no es una transición, sino un cierre, y no se puede afirmar que se haya logrado la justicia social», sostiene el documento.
Transición justa: financiación, negociación colectiva y protección frente al calor extremo
La CSI exige que los sindicatos intervengan en la planificación de las transformaciones industriales y tengan representación en el Mecanismo Belém-Antalya para una Transición Justa, cuya gobernanza deberá definirse en la COP31. «Los sindicatos no solo debemos ocupar un puesto en la mesa, sino poder negociar lo que ocurre con nuestros empleos, cuáles serán los trabajos del futuro y cómo será la transición», plantea la organización. También reclama financiación climática pública que no aumente la deuda de los países beneficiarios y que permita generar empleos de calidad y fortalecer la protección social, especialmente en el Sur Global.
La confederación reclama recursos públicos que no incrementen la deuda de los países beneficiarios y que permitan crear empleo de calidad, fortalecer la protección social y acompañar a las comunidades afectadas. Además, exige normas obligatorias para proteger a quienes trabajan expuestos al calor extremo: pausas remuneradas, acceso a agua y sombra, protección de los salarios ante la suspensión de tareas y derecho a interrumpir actividades peligrosas sin sufrir represalias.
En paralelo, la OIT anunció su participación en la COP31 como observadora de Naciones Unidas y la organización del Pabellón de la Transición Justa junto con la Comisión Europea, con colaboración de la CSI, la Organización Internacional de Empleadores y la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El espacio buscará promover el intercambio de soluciones para incorporar el trabajo decente y la justicia social a las políticas climáticas.
