Responsables de las inspecciones laborales de 14 países iberoamericanos acordaron nuevas líneas de cooperación durante el V Encuentro Plenario de la Red Iberoamericana de Inspecciones del Trabajo (REDIBIT), celebrado en Panamá del 21 al 23 de octubre. La principal iniciativa anunciada es una campaña conjunta para 2027 orientada a impulsar la formalización del empleo, en una región donde la capacidad de fiscalización resulta clave para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.
La Declaración de Panamá también contempla formación para inspectores sobre riesgos asociados al cambio climático, riesgos psicosociales y violencia y acoso en el trabajo. Además, propone mejorar la planificación de las inspecciones y desarrollar indicadores comparables entre países.
Inspección laboral iberoamericana: de los acuerdos a la aplicación efectiva
Durante el encuentro, la OIT planteó que la eficacia de la inspección no debe medirse únicamente por la cantidad de visitas o sanciones. Según Arsenio Fernández, jefe de la Unidad de Administración e Inspección del Trabajo del organismo, «la Declaración de Panamá representa una oportunidad para convertir la cooperación entre países en acciones concretas» que fortalezcan las instituciones y mejoren la prevención. El debate también abordó el uso de inteligencia artificial, el trabajo infantil y forzoso, la economía informal y los riesgos vinculados al calor extremo y otros fenómenos meteorológicos.
La campaña regional prevista para 2027, denominada Formalizar para proteger: la inspección del trabajo y la transición a la formalidad, será liderada por Guatemala con apoyo técnico de la OIT. La iniciativa buscará coordinar actuaciones y utilizar indicadores comunes para evaluar resultados. Panamá asumió, además, la presidencia de REDIBIT para el período 2026-2027.
Los compromisos abren una nueva etapa de cooperación, pero su alcance dependerá de la capacidad de cada país para implementarlos. La inspección laboral iberoamericana enfrenta el reto de traducir los acuerdos en controles sostenidos, prevención de incumplimientos y protección efectiva de quienes trabajan, especialmente en sectores y actividades con mayor vulnerabilidad.
