Las federaciones sindicales internacionales reclaman que Naciones Unidas avance hacia un tratado jurídicamente vinculante que permita responsabilizar a las empresas por violaciones de derechos humanos, incluidos los derechos laborales. El planteo se presenta durante la duodécima ronda de negociaciones, que se desarrolla del 12 al 16 de octubre en Ginebra, en un proceso que busca establecer reglas internacionales para las actividades empresariales y sus impactos sobre las personas y las comunidades.
El secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Luc Triangle, advirtió que las empresas multinacionales no deberían poder aprovechar las diferencias entre las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales para eludir responsabilidades. En ese sentido, sostuvo que los trabajadores, especialmente en el Sur Global, necesitan “acceso efectivo a la justicia cuando se vulneran sus derechos”.
Las obligaciones empresariales, en el centro de la negociación
Entre los puntos que las organizaciones sindicales buscan incorporar figuran la aplicación del tratado a empresas de todos los tamaños y sectores, la debida diligencia obligatoria en derechos humanos, las obligaciones extraterritoriales y mecanismos efectivos de supervisión y reparación. El objetivo es evitar que la responsabilidad empresarial dependa exclusivamente de las normas nacionales o de compromisos voluntarios.
Las negociaciones registraron propuestas sobre asistencia jurídica mutua, coherencia con el derecho internacional y alcance de las empresas comprendidas. Sin embargo, la CSI mantiene sus reparos sobre los arreglos institucionales y los derechos humanos que abarcaría el instrumento. Para Triangle, el próximo borrador debe garantizar “una sólida protección para los trabajadores y las comunidades”.
La discusión se desarrolla en un contexto de cuestionamientos al alcance de las reglas internacionales frente al poder económico transnacional. “En un momento de creciente presión sobre el multilateralismo y de creciente influencia corporativa sobre las políticas públicas, las normas internacionales vinculantes son esenciales para prevenir abusos y garantizar la rendición de cuentas en todas las cadenas de suministro mundiales”, afirmó el dirigente sindical.
De cara a la revisión prevista para comienzos de 2027, las federaciones sindicales reclaman nuevas consultas con la sociedad civil y una participación significativa en el proceso. La disputa central no es solamente alcanzar un acuerdo, sino definir si el futuro tratado contará con obligaciones exigibles y mecanismos capaces de ofrecer respuestas a quienes sufran violaciones de derechos humanos vinculadas con actividades empresariales.
