La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó el informe “Educación frente al fenómeno de El Niño 2026-2027: infraestructura educativa, ejecución presupuestaria y propuesta de la UNE”, en el que analiza la capacidad de respuesta del Gobierno frente a los riesgos climáticos que pueden afectar al sistema educativo. Según el documento, 3.873 instituciones educativas fiscales se encuentran en zonas susceptibles a inundaciones o movimientos en masa, con 884.193 estudiantes potencialmente expuestos.
El informe señala una brecha entre los riesgos reconocidos por las instituciones estatales y la inversión pública destinada a prevenir sus efectos. La UNE sostiene que, pese a los anuncios de intervenciones preventivas, persisten bajos niveles de ejecución en infraestructura educativa integral, adecuaciones emergentes, recuperación de establecimientos, reducción de la brecha digital, obras menores y mantenimiento.
Infraestructura educativa: la UNE reclama mayor inversión preventiva
Una de las principales alertas planteadas es la ausencia de una matriz pública integral que permita conocer, establecimiento por establecimiento, el nivel de riesgo, las obras requeridas, el presupuesto asignado, la fuente de financiamiento y el grado de ejecución. Para la UNE, «identificar los riesgos sin garantizar una inversión preventiva suficiente, oportuna y verificable mantiene expuestos a miles de estudiantes y trabajadores frente a un eventual fenómeno de El Niño».
El informe también propone «priorizar la inversión en infraestructura resiliente, acelerar la ejecución presupuestaria, transparentar los recursos destinados a prevención y garantizar planes de continuidad educativa para las zonas que puedan resultar afectadas». De acuerdo con la UNE, estas medidas permitirían vincular la asignación de recursos con el nivel de riesgo de cada establecimiento.
La organización educativa también informó que, a inicios de septiembre de 2026, se habían reportado 822 planteles en condiciones de mayor riesgo. Frente a este escenario, la UNE llamó al Gobierno a actuar antes de la emergencia y a garantizar que la prevención se traduzca en obras concretas para proteger a las comunidades educativas.
