La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) convocó a un plantón y una rueda de prensa frente a la Corte Constitucional para exigir el cumplimiento de la sentencia emitida en el caso Furukawa, que reconoció las vulneraciones de derechos humanos sufridas por ex trabajadores de Furukawa Plantaciones C.A., sometidos —según el comunicado— a condiciones de esclavitud moderna. De acuerdo con la organización, la actividad se realizó junto a organizaciones sociales y ex trabajadores para reclamar la ejecución inmediata de la resolución judicial.
En el comunicado, la CEOSL sostuvo que «el Estado mantiene una deuda pendiente: cumplir íntegramente la sentencia de la Corte Constitucional en el caso Furukawa». Asimismo, afirmó que este expediente constituye «uno de los episodios más graves de explotación laboral y esclavitud moderna documentados en el Ecuador», y recordó que la Corte dispuso medidas de reparación integral y garantías de no repetición para las personas afectadas.
La organización sindical pidió ejecutar las medidas de reparación
Según la CEOSL, el incumplimiento del fallo constitucional afecta la institucionalidad del país. En ese sentido, manifestó que «una sentencia constitucional incumplida debilita la autoridad de la Constitución, afecta la seguridad jurídica y profundiza la desconfianza en las instituciones», al tiempo que cuestionó que las víctimas continúen esperando la implementación de las medidas ordenadas por la justicia.
La organización también exigió «la ejecución inmediata e integral de la sentencia, el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación, el fortalecimiento de la inspección laboral y la adopción de acciones concretas que impidan que hechos de explotación laboral y esclavitud moderna vuelvan a repetirse en el país». Además, sostuvo que «el Ecuador no puede normalizar el incumplimiento de una sentencia constitucional. La justicia tardía también es injusticia», según el pronunciamiento.
Finalmente, la CEOSL aseguró que continuará acompañando a los ex trabajadores de Furukawa y a su Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Abacaleros «Caminando Juntos» «hasta que el Estado cumpla, con hechos y no con discursos, las obligaciones establecidas por la Corte Constitucional y garantice que nunca más se repitan violaciones de esta naturaleza», concluye el comunicado difundido por la central sindical.
