La Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) emitió un pronunciamiento en el que cuestiona la decisión del Gobierno peruano de observar el proyecto de ley que ampliaba las competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Según la organización, la medida representa un retroceso para el sistema de inspección del trabajo y afecta el cumplimiento del Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el documento, la CATP sostiene que la decisión estatal «rompe la unidad del sistema inspectivo nacional», «reduce la capacidad material y funcional de la SUNAFIL como autoridad central», «fragmenta nuevamente la actuación inspectiva entre distintos gobiernos regionales» y «debilita la eficacia del control estatal sobre el cumplimiento de la legislación laboral». Asimismo, la central señala que esta situación compromete la capacidad del Estado para garantizar la tutela efectiva de los derechos laborales.
La central solicita la intervención de la OIT
Como parte del pronunciamiento, la CATP remitió una comunicación al director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, en la que solicita que el organismo tome conocimiento de la situación. Entre sus pedidos figuran informar a los órganos de control de la OIT, emitir una nota técnica sobre la importancia del sistema de inspección, exhortar al Estado peruano a adoptar medidas para restablecer a SUNAFIL como autoridad central y brindar asistencia técnica para evitar el debilitamiento institucional.
La organización argumenta que la decisión del Gobierno es incompatible con el Convenio 81 de la OIT, al recordar que dicho instrumento establece que el sistema nacional de inspección debe funcionar «bajo la vigilancia y control de una autoridad central». En ese sentido, afirma que la medida adoptada produce «exactamente el efecto inverso» al recomendado por las normas internacionales.
Finalmente, el espacio sindical advirtió que este escenario podría afectar especialmente a los trabajadores de las micro y pequeñas empresas debido a la pérdida de capacidad operativa de la SUNAFIL y a la dispersión institucional.
