El debate sobre la contratación de trabajadores como personas jurídicas, conocida en Brasil como «pejotización», volvió a cobrar fuerza tras la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, de reanudar la tramitación de los procesos relacionados con el reconocimiento de vínculos laborales. En ese contexto, un informe cita que las demandas judiciales por este tipo de contratación crecieron un 176,5 % entre 2020 y 2024, mientras el máximo tribunal aún debe definir los límites de esta modalidad.
Según los datos presentados, entre 2020 y 2025 se registraron alrededor de 1,29 millones de nuevos casos, equivalentes al 8,3 % de todas las causas ingresadas en la Justicia Laboral brasileña. El coordinador nacional de la Coordinación Nacional de Combate al Fraude en las Relaciones Laborales (Conafret) del Ministerio Público del Trabajo (MPT), Rodrigo Castilho, señaló que cerca de 100.000 expedientes permanecen a la espera de una decisión definitiva del STF. «Si el Tribunal Supremo autoriza el uso de contratistas independientes sin límites claros, la tendencia es que los litigios aumenten aún más», afirmó.
El informe advierte sobre posibles impactos en derechos y políticas públicas
El documento también advierte sobre el crecimiento del número de microempresarios individuales (MEI), figura creada para formalizar el trabajo autónomo, pero que, según el Ministerio Público del Trabajo, estaría siendo utilizada en algunos casos para sustituir empleos formales. Actualmente, Brasil registra alrededor de 16 millones de MEI, frente a unos 46 millones de trabajadores con contrato laboral formal. Castilho sostuvo: «La idea no era que la empresa despidiera a todos y contratara a los MEI. Pero ahora eso se ha distorsionado por completo».
De acuerdo con el informe, la expansión de este modelo podría afectar derechos laborales como vacaciones pagadas, indemnizaciones, licencias, protección frente a accidentes y estabilidad derivada de la legislación laboral. Además, el fiscal afirmó que una eventual sustitución masiva de contratos formales por contrataciones mediante personas jurídicas tendría efectos sobre mecanismos de inclusión laboral, como los cupos para personas con discapacidad y aprendices.
El documento también plantea que una reducción del empleo formal impactaría en la financiación de programas públicos vinculados a la seguridad social, el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), el Fondo de Apoyo al Trabajador (FAT) y otras políticas estatales. En ese sentido, Castilho expresó: «Estos derechos financian al Estado. La situación laboral es el factor principal para su financiación, a través de los impuestos sobre la nómina. Si esto desaparece, ¿cómo vamos a financiar al Estado?».
