El sindicato United Steelworkers (USW) denunció graves violaciones de derechos humanos y laborales en la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, México, y propiedad de la empresa canadiense Orla Mining. A través de un comunicado, la organización informó que un panel de investigación designado bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA) concluyó que trabajadores fueron presionados para abandonar el sindicato Los Mineros y afiliarse a una organización “pro-empleador”.
El informe citado por USW también determinó que un contratista vinculado a la empresa creó “un clima de miedo entre los trabajadores de la mina”. El comunicado agrega que medios de Canadá y México reportaron que dicho contratista “estaba supuestamente asociado con el crimen organizado”, habría interrumpido reuniones sindicales con hombres armados y emitido amenazas de muerte contra dirigentes sindicales, obligando a varios trabajadores y sus familias a esconderse.
Frente a estas conclusiones, la oficina canadiense del sindicato pidió al Fiscal General de Canadá considerar cargos penales contra Orla Mining. Marty Warren, director nacional de USW, afirmó que “los ataques reportados contra miembros de Los Mineros en la mina Camino Rojo son realmente escandalosos” y calificó las acusaciones como “inconcebibles”, al sostener que una corporación canadiense habría estado involucrada en “violentos ataques antisindicales en México”.
Mina Camino Rojo y reclamos sindicales internacionales
El comunicado señala que Orla Mining emitió una declaración comprometiéndose a mantener neutralidad frente a la sindicalización, capacitar a directivos y trabajadores sobre libertad de asociación y reconocer los derechos del sindicato Los Mineros dentro de la mina. Sin embargo, United Steelworkers sostuvo que aún falta “reparación para las víctimas del crimen organizado y la complicidad de la empresa”, especialmente para quienes continúan recibiendo amenazas.
La organización sindical reclamó además que tanto la empresa como el gobierno mexicano garanticen que los trabajadores puedan regresar “de forma segura a sus empleos y hogares”, eliminando la presencia del crimen organizado en la operación minera y en las comunidades cercanas. En paralelo, cuestionó la demora del gobierno canadiense en tramitar una denuncia presentada en 2024 bajo el mismo mecanismo del CUSMA.
USW reiteró finalmente su pedido para que el caso avance hacia un panel internacional y advirtió que “guardar silencio es poner en peligro la legitimidad de Canadá como defensora de los derechos humanos y laborales”. El sindicato insistió en que los gobiernos involucrados deben garantizar que la actividad en la mina Camino Rojo se desarrolle con pleno respeto a la libertad sindical y a los derechos laborales.
