La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), junto a la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (AFINJUV) y la FENAMIAS, presentó una solicitud ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad del Decreto N°331 del Ministerio de Hacienda, una medida que modifica el presupuesto del sector público y que impacta directamente en el funcionamiento del INJUV.
La acción, respaldada por parlamentarios, apunta a revisar un decreto que contempla una reducción significativa de recursos, estimada en $3.859 millones, equivalente a cerca del 47% del presupuesto del organismo, lo que implica una fuerte disminución de su dotación y compromete la continuidad de programas dirigidos a jóvenes en distintas regiones del país.
Desde las organizaciones advirtieron que el recorte afecta iniciativas previamente aprobadas en la Ley de Presupuestos 2026, incluyendo programas como “Compromiso Joven” y “Hablemos de Todo”+, este último orientado a la salud mental, con cobertura a miles de jóvenes, en un contexto donde la reducción de recursos impacta tanto en personal como en la ejecución de políticas públicas.
Presupuesto en disputa y cuestionamientos a la legalidad del decreto
El presidente de AFINJUV, Yuksu Ramos, señaló que “ese decreto (N°331) implica una rebaja importante en los recursos de todos los servicios públicos del Estado chileno”, y advirtió que “estos recursos, que están recortando por vía de decreto le pegan directamente a la línea programática del servicio”, al tiempo que cuestionó que “es tremendamente delicado que comencemos a gobernar por decreto”.
Por su parte, el presidente nacional de ANEF, José Pérez Debelli, sostuvo que la organización está respaldando a los trabajadores del organismo, al afirmar que “este decreto regresivo y antidemocrático golpea no solamente a este servicio estratégico, sino a todos los servicios públicos del país”, destacando además la relevancia de los programas vinculados a salud mental, empleabilidad y prevención.
Finalmente, las organizaciones indicaron que la presentación ante la Contraloría busca determinar si la medida constituye una reestructuración sin sustento legal, al reducir simultáneamente el presupuesto y la dotación sin los procedimientos correspondientes, y reiteraron su llamado a que cualquier modificación estructural sea discutida con las representaciones sindicales, tal como se expresa en el comunicado difundido por ANEF.
