Maltrato psicosocial: sindicato de Telefónica exige acción inmediata del Estado en Perú

El Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú (SUTTP) emitió un comunicado en el que advierte sobre situaciones de maltrato psicosocial en el ámbito laboral y reclama al Estado medidas urgentes de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú SUTTP difundió un Comunicado en el que formula una alerta preventiva a las autoridades y a la opinión pública sobre los riesgos psicosociales que afectan a trabajadores del sector, señalando que el maltrato laboral puede generar consecuencias graves e irreversibles si no se aborda a tiempo.

Según expresa el sindicato, “cuando la presión psicosocial se normaliza y se empuja hasta el límite, el daño puede volverse irreversible”, remarcando que en materia de seguridad y salud en el trabajo “no se actúa después; se actúa antes, con seriedad, evidencia y medidas concretas”. El comunicado subrayó que estos riesgos no constituyen percepciones individuales, sino factores laborales que impactan en la salud mental y física de las personas.

Advertencias sindicales frente al maltrato en el ámbito laboral

El documento también sostiene que minimizar o relativizar los hallazgos técnicos vinculados a riesgos psicosociales “es una forma de irresponsabilidad que incrementa el riesgo y expone a las personas a consecuencias graves”. En ese marco, el sindicato advierte sobre prácticas de gestión que pueden derivar en presión sostenida, miedo e incertidumbre, configurando situaciones de maltrato persistente.

El SUTTP convoca a los directivos empresariales a implementar acciones preventivas reales, señalando que “no se trata de discursos ni de documentos que se cumplen en el papel”, sino de evaluar riesgos, reducir presiones indebidas y establecer mecanismos de reporte sin represalias. Asimismo, reiteró que “el deber del empleador es prevenir, y el deber del Estado es fiscalizar”.

En el cierre del comunicado, el sindicato exige que el Estado actúe con un enfoque preventivo y estructural frente al maltrato, remarcando que la omisión también tiene consecuencias y reiterando que prevenir los riesgos psicosociales es una obligación legal y moral para proteger la vida, la salud y la dignidad de las y los trabajadores.

 

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