Un presunto ataque de Estados Unidos a Venezuela generó preocupación en la región luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara públicamente que fuerzas de su país destruyeron una “gran instalación” portuaria en territorio venezolano, presuntamente vinculada al narcotráfico.
Hasta el momento, ni el Gobierno venezolano ni otras instancias oficiales de Washington confirmaron de manera independiente los hechos, aunque medios internacionales coinciden en que se trataría de la primera acción militar directa contra un objetivo terrestre dentro de Venezuela en el marco de la actual escalada de presión estadounidense.
Las declaraciones de Trump fueron realizadas inicialmente en una entrevista radial el 26 de diciembre y retomadas días después en una conferencia de prensa, donde sostuvo que “hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas” y que ese lugar “ya no existe”.
Según información difundida por CNN y citada por The New York Times, la operación habría sido ejecutada con drones y apoyo de inteligencia estadounidense, sin víctimas fatales, y tendría como blanco una instalación utilizada por la organización criminal Tren de Aragua.
On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025
Denuncias sindicales por detenciones arbitrarias y criminalización
En paralelo al ataque de Estados Unidos a Venezuela, organizaciones sindicales venezolanas denunciaron un agravamiento de la persecución contra trabajadores y dirigentes gremiales. Representantes de 33 sindicatos aseguraron que al menos 160 trabajadores y más de 20 dirigentes fueron detenidos en los últimos años en procedimientos que califican como arbitrarios, en un contexto de creciente criminalización de la protesta laboral y restricción de la libertad sindical.
Por la libertad plena e inmediata de Daniel Romero, sindicalista de Sidor preso desde junio de 2023 por protestar pacífica y legalmente en demanda de derechos laborales. Romero está recluido en la cárcel El Rodeo I, a miles de kilómetros de su lugar de residencia, en una grave… pic.twitter.com/Zs6WYfEVUH
— Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (@ObservatorioVLS) December 29, 2025
Uno de los casos más relevantes es el del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, detenido el 29 de noviembre en Caracas. Desde entonces, los sindicatos afirman que no existe información oficial sobre su paradero ni sobre su situación judicial.
“El encarcelamiento de José Elías Torres forma parte de una ofensiva sistemática contra la organización de los trabajadores”, afirmó Pedro Eusse, dirigente sindical, al denunciar que estas prácticas buscan “desarticular el movimiento obrero y generar temor” entre los trabajadores, según información suministrada por el portal Ámbito Financiero.
Las denuncias sindicales se apoyan además en informes de organismos de derechos humanos. Según datos de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 889 personas consideradas presas políticas, mientras que una misión de expertos de Naciones Unidas alertó recientemente sobre un endurecimiento de la persecución por razones políticas.
En este escenario, las organizaciones gremiales anunciaron que recurrirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar violaciones a convenios internacionales sobre libertad sindical y convocaron a una jornada nacional de protesta para el próximo 15 de enero, en un contexto marcado por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el aumento de la tensión política y social en el país.
