En el inicio del 5° Congreso de la Confederación Sindical de las Américas CSA, celebrado del 13 al 17 de mayo, la crisis climática y sus implicancias laborales fueron protagonistas del panel “Democracia e Integración en América Latina y el Caribe”. Desde el encuentro, sindicatos de todo el continente exigieron una transición ecológica justa que no se construya a costa de los derechos laborales ni de las comunidades tradicionales.
En el primer día de actividades, el secretario de Relaciones Internacionales de la Central Única de los Trabajadores (CUT) de Brasil, Antônio Lisboa, sostuvo que es “fundamental que la voz de los trabajadores esté presente en los espacios de decisión de la COP30”, la conferencia climática que se desarrollará en 2025 en Belém, Pará, en plena Amazonía brasileña.
Lisboa alertó sobre el riesgo de que las soluciones a la crisis climática se elaboren ignorando a quienes más la padecen: “No podemos permitir que la transición energética y ambiental se haga sacrificando los derechos laborales y las condiciones de vida de las comunidades tradicionales”, expresó.
En su exposición, el dirigente brasileño delineó tres áreas prioritarias que los sindicatos consideran clave: una transición justa con garantías de derechos, financiamiento adecuado y mecanismos efectivos para monitorear las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que reflejan los compromisos de reducción de emisiones de cada país.
“Abogamos por un cambio en los modelos de producción hacia lo sostenible, pero acompañado de políticas de recalificación profesional, empleos de calidad y protección social”, indicó Lisboa. En ese sentido, destacó que los sindicatos “jugarán un papel fundamental en la fiscalización social de las metas climáticas”.
Amazonía en el centro del debate
Uno de los focos del encuentro fue el Foro Sindical Panamazónico, impulsado por la CUT junto a otras centrales de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En este espacio, Lisboa presentó los avances de una investigación inédita sobre políticas públicas vinculadas a la producción energética en la región amazónica y sus impactos en la población.
“El informe final será presentado en noviembre en Belém, como insumo central rumbo a la COP30”, informó. El estudio releva proyectos de infraestructura, desarrollo territorial y energía, prestando especial atención a cómo afectan a los pueblos indígenas, a trabajadores del sector formal e informal y al equilibrio ecológico regional.
“Es la primera vez que los trabajadores, de forma organizada, hacen un relevamiento de las políticas públicas para la Amazonía. Aunque parezca poco, es mucho. Desde ahí podremos incidir con más fuerza en los debates sobre el futuro de la región”, afirmó Lisboa.
Un Congreso para preparar luchas futuras
Además de renovar la dirección de la CSA, el Congreso apunta a construir estrategias conjuntas para “enfrentar los desafíos de los próximos cuatro años”, en palabras de sus organizadores. Entre los principales retos: el avance de la automatización, el envejecimiento poblacional, las nuevas formas de empleo precarizado y, sobre todo, la crisis climática.
Desde la CUT advierten que los trabajadores del hemisferio sur, particularmente en América Latina, son quienes pagan los costos sociales y económicos de una transición energética definida por los intereses del norte global. “Mientras los países ricos imponen agendas de descarbonización, en el sur enfrentamos pérdida de empleos, precariedad y extractivismo sin garantías”, denunció Lisboa.
