La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE ha emitido una enérgica denuncia sobre la grave situación de derechos humanos que se vive en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. A través de dos boletines de prensa fechados el 17 de enero de 2025, la organización sindical exige el cese de los enfrentamientos entre grupos armados y la protección de las comunidades educativas, haciendo un llamado a diversas instituciones nacionales e internacionales para que intervengan en la crisis.
Los combates entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Frente 33 de las FARC-EP han dejado un saldo de 35 personas asesinadas, incluyendo 5 firmantes del Acuerdo de Paz.
La situación ha generado un grave impacto en la población civil, con confinamientos y desplazamientos masivos, especialmente entre docentes, estudiantes y comunidades educativas. «En medio de esta situación, se han generado confinamientos donde docentes, estudiantes y comunidades educativas se han encontrado en medio del fuego cruzado alrededor en las instituciones educativas», señaló la organización en la misiva.
Ante la falta de garantías, la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos ASINORT, filial de FECODE, ha decidido interrumpir la asistencia a las instituciones educativas, decisión que cuenta con el respaldo de la federación. Los sindicatos solicitaron el establecimiento de un corredor humanitario para la evacuación segura de docentes, la convocatoria de un Consejo Territorial de Paz y la instalación de un Consejo de Seguridad para tratar la situación del magisterio en la región.
La federación hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Iglesia Católica y a la Misión de la ONU en Colombia para que intervengan activamente en la búsqueda de un cese al fuego y garanticen la protección de la población civil. «Nos ponemos en disposición como FECODE para participar en dicho diálogo y lograr garantías para las comunidades educativas«, agregó el espacio.
Además, exigen al Gobierno Nacional una «presencia activa en la región» para garantizar la presencia real del Estado y la protección de las comunidades allí asentadas.
La organización exige el pleno respeto del Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados, incluyendo la protección de la población y bienes civiles, entre los cuales se encuentran las escuelas, y el cese de los enfrentamientos, particularmente las acciones contra liderazgos sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
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