Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica señalaron que el congelamiento salarial propuesto por el Gobierno es contrario a la Constitución Política de Costa Rica, impacta en los Derechos Humanos y es indefinido, lo cual “afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación”.
El espacio gremial manifestó que las personas a las que se les impone este congelamiento salarial pertenecen a segmentos laborales como: cuerpos policiales, Magisterio Nacional, CCSS y Seguridad Social, los ministerios con sus diversos programas y entidades adscritas, el Poder Judicial, las instituciones autónomas-semiautónomas y casi todas las empresas públicas; y, ahora, las municipalidades.
“Un poder social de tal calibre podría poner en la mesa las reales y específicas razones del problema estructural de las finanzas públicas; de tal suerte que esos miles de voluntades obreras, actuando al unísono, le hagan el más grande bien a la sociedad costarricense desde la fundación de la Segunda Pública, cual es el de la Justicia Tributaria real”, sentenció el comunicado publicado en las últimas horas.
La organización agregó que, el Gobierno-Mideplán pretende imponer el salario global indicado en la Ley Marco de Empleo Público , con lo cual sus históricas negociaciones salarial semestrales por costo de vida desaparecerán.
Asimismo, explica que dicha Regla Fiscal hará que no se tenga en cuenta la deuda salarial individual de 7.500 per cápita y, por ser parte de la LMEP, cualquier reajuste por costo de vida a lo futuro estará supeditado a que la deuda/PIB baje de 60 puntos.
