La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres CEOSL expresó su preocupación por la falta de justicia para los 570 ex trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal GADM de Chinchipe, despedidos abruptamente en 2019. A pesar de los años de lucha, denuncian que el proceso judicial fue dilatado injustamente y que las decisiones han favorecido al municipio en lugar de garantizar sus derechos.
Según el comunicado de la CEOSL, la demanda inicial de los trabajadores fue rechazada, lo que retrasó el caso por un año hasta ser declarada prescrita. «Se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva«, advirtió la organización. Además, acusan al municipio y al juzgado de negarles información clave, como los listados de ex empleados y sus remuneraciones, bajo el argumento de confidencialidad.
Si bien el municipio reconoce la deuda con los afectados, la organización sindical evidenció que no se garantizó el pago total y que los acuerdos conciliatorios han dejado fuera intereses, recargos y compensaciones por despidos injustos. «Los trabajadores no pueden seguir pagando el costo de una justicia que se inclina a favor del poder«, enfatizó el Comité Ejecutivo de la CEOSL.
Ante esta situación, la confederación sindical exige que se garantice el acceso a la justicia sin más dilaciones, que se respete el derecho a la información pública y que el Estado y la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe actúen con imparcialidad. «Es urgente que se reconozcan y respeten los derechos de quienes han sido perjudicados por decisiones arbitrarias», subrayaron en el documento.
