La digitalización de los servicios públicos avanza a nivel global, transformando la forma en que los ciudadanos acceden a derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y la administración gubernamental. Sin embargo, según la Internacional de Servicios Públicos ISP, este proceso está siendo liderado en gran medida por corporaciones privadas, lo que plantea interrogantes sobre la representación de los trabajadores y la calidad de los servicios.
“Los gobiernos están confiando en proveedores privados para desarrollar herramientas digitales clave, pero ¿están asegurando la protección de los derechos laborales y la calidad del servicio?”, cuestionó la ISP en su convocatoria al taller Negociando nuestro futuro digital.
Este evento, que se celebrará el 24 de abril a través de Zoom, busca abordar tres puntos fundamentales: la inclusión de demandas específicas en la contratación de tecnologías digitales, sugerencias sobre qué deben contener dichas demandas y estrategias para proteger tanto los servicios públicos como el trabajo decente.
“Es crucial que los gobiernos no solo digitalicen, sino que lo hagan con criterios claros que resguarden el empleo y el acceso equitativo”, destacó la organización en un comunicado publicado en su página web.
Para el espacio con incidencia global, a medida que la transformación digital avanza, la falta de regulaciones claras en la adquisición de tecnología por parte de los gobiernos podría poner en riesgo la soberanía de los datos y la estabilidad del empleo público: “Desde el almacenamiento de datos hasta la distribución de pagos sociales, las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro de los servicios públicos”.
Asimismo, señaló la necesidad de una mayor participación de sindicatos y actores sociales en estos procesos.
Según confirmo la internacional, el taller contará con interpretación en español, portugués, francés y árabe, y está abierto a afiliados y socios de la ISP. Además, los participantes recibirán un informe con recomendaciones sobre buenas prácticas en la contratación pública de tecnología.
Con el respaldo de Friedrich Ebert Stiftung y en el marco del proyecto FES-PSI, este espacio busca generar propuestas concretas para que la transformación digital garantice no solo eficiencia, sino también equidad y derechos laborales. “La tecnología debe ser una herramienta para mejorar los servicios públicos, no para debilitarlos”, concluyó la misiva.
