Tras un paro de advertencia realizado el 26 y 27 de marzo, cerca de 3.000 trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial CAJs iniciarán una paralización indefinida a partir del 2 de abril.
La Federación Nacional del Acceso a la Justicia FENADAJ confirmó la medida debido al quiebre total de negociaciones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según la organización, las autoridades han sido «profundamente displicentes, ignorando las legítimas necesidades y demandas de trabajadores y usuarios».
Entre las principales razones de la protesta se encuentran la falta de personal, escasez de recursos e infraestructura en los Centros Socio-Jurídicos, postergación en el reemplazo de licencias médicas y problemas de salud mental dentro del gremio. Además, denuncian el incumplimiento del protocolo de homologación salarial firmado en agosto de 2023 por el entonces subsecretario y actual ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
Durante las manifestaciones de la última semana, el presidente de FENADAJ, Marcelo Inostroza, destacó el rol clave de las CAJs en la defensa de los derechos de los más vulnerables: «Nosotros nos hacemos cargo de las personas más vulnerables y sus necesidades mediante la tramitación, entre otras, de demandas de alimentos, despidos injustificados y la protección de niños, adolescentes y adultos mayores».
El movimiento cuenta con el respaldo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, cuyos representantes acompañaron a FENADAJ en sus reclamos. Los gremios han insistido en la urgencia de abordar la crisis en las CAJs para evitar un mayor impacto en quienes dependen de estos servicios.
